Por Catalina Olea Salazar

Si partimos, de manera objetiva, que la democracia es un sistema político que defiende la soberanía y el derecho del pueblo a elegir a sus representantes, solo los representantes elegidos por el pueblo pueden decidir por este último.

La efectividad de esta afirmación radica, entre otras, en la garantía real y verdadera de la protección y respeto de uno de sus pilares funda­mentales: la libertad de expresión como parte esencial de la condición humana y como derecho fundamental.

En ese sentido, corresponde a cada represen­tante el mismo derecho de expresar y presentar sus ideas (lo que incluye presentación de iniciativas y propues­tas), es decir, y haciendo referencia al caso específico de cada legislador ante una eventual propuesta de reforma constitucional porque es el tema de actualidad, es tan legítimo que un grupo de legisladores presente una propuesta de modifi­cación de la Constitución como que otro haga oposición a la misma, pero dejando atrás esquemas de comportamiento y reclamos basados en experiencias que responden a otro contexto y época del pasado.

¿Tratar de impedir con protestas, atacar e irrespetar a uno u otro grupo porque presenten su proyecto de iniciativa o expresen su propuesta, no es eso avasallar, no es eso arbitra­riedad, o no es eso agredir?

¿Por qué asumir, descalificar, desconsiderar e intentar coartar a quien exprese una idea o propuesta diferente? ¿No sería esto desconocer la dignidad humana y, en consecuencia, inobservar los demás principios y valores de la democracia?

Dejemos que a nuestros legisladores legítimos les fluyan libremente las ideas y propuestas, y que decidan con libertad por medio de debates dignos, a partir de la presentación de una propuesta formal, siguiendo el orden del trámite constitucional pues para que podamos decir que verdaderamente hay democracia representativa en nuestro país, las decisiones deben ser adoptadas por personas recono­cidas por el pueblo como sus representantes.